Instituciones de carácter religioso, como el Opus Dei o los Jesuitas en el caso de nuestro país, son capaces de fundar y desarrollar universidades que buscan la excelencia académica y la transmisión de valores. Empresarios a veces legan sus fortunas para sostener universidades de prestigio, siendo esto más habitual en países con generosas leyes de donaciones que en Chile.
Este tipo de universidades, que no buscan un retorno económico a las inversiones que hacen, son muy necesarias para un país que aspira a tener una educación superior de excelencia y vienen a complementar a las universidades estatales de calidad, como la Universidad de Chile y la Usach, o a la misma Universidad Católica, de origen pontificio.
Sin embargo, este tipo de universidades desgraciadamente no son capaces de satisfacer la demanda por educación superior que hay en nuestro país. En efecto, más de un millón de alumnos requieren la oferta de muchas otras universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. No todas aspiran a ser centros de excelencia, algunas se conforman con una buena formación profesional, que el país requiere. En el caso de las universidades, no obstante, la ley señala en nuestro país que ellas no pueden tener fines de lucro. Esto es muy relevante porque esta actividad, contrariamente a lo que a veces se cree, es muy intensiva en el uso de capital.
De modo que para aquellas universidades que no tienen el respaldo de instituciones de gran prestigio y poder económico se hace necesario al menos, sino un fin de lucro propiamente tal, algún mecanismo que permita un cierto retorno a las inversiones necesarias para hacer funcionar y crecer la universidad. Ello ha dado origen, en algunos casos, a sociedades inmobiliarias que consiguen recursos, construyen y arriendan esos inmuebles a las universidades.
Dado que la ley no permite el fin de lucro, parece del todo necesario que se regulen las transacciones entre universidades y entidades relacionadas, como sociedades inmobiliarias, para asegurarse que los arriendos se realizan a precios de mercado y no hay por lo tanto una manera encubierta de extraer recursos excesivos a las universidades. Como esa regulación no existe, el gobierno del presidente Piñera ha anunciado que a través de una Superintendencia de Educación Superior y otros mecanismos regulará esta materia, cosa que no hicieron los cuatro gobiernos de la Concertación.
La Cámara de Diputados formó una comisión para investigar el lucro en la educación superior, que ha evacuado un informe verdaderamente vergonzoso.
Reconoce explícitamente no tener los antecedentes para investigar a fondo el tema y dar por concluida la investigación, pero afirma “categóricamente” que en Chile hay lucro en la educación superior, señalando además el nombre de siete universidades. En el caso de algunas de ellas, la UDD por ejemplo, no señala, en un documento de 52 páginas, ni un antecedente que avale su afirmación. En otro caso, señala que en el Activo Circulante de una universidad se incluyen cifras importantes clasificadas como Valores Negociables, y luego indica que “es el dinero que una empresa invierte en instrumentos financieros para obtener más utilidades”. Ése es el tipo de pruebas de la existencia de lucro que contiene el informe. No se trata, entonces, propiamente de una investigación, sino de la reproducción de párrafos de un reportaje periodístico realizado por Ciper.
Especula acerca de formas de extraer recursos a la universidad que serían maneras de lucrar, señalando, entre otros, el pago de sueldos elevados y la contratación de parientes, sin dar ningún dato, sin comparar entre las universidades que acusa y las que exime. Sin reparar, siquiera, que ello podría ocurrir en universidades estatales también.
Incluye, además, un listado de universidades privadas de “buena calidad” que no lucran (entre ellas la UDP y la Alberto Hurtado) de nuevo sin entregar antecedente alguno al respecto.
Un informe que enloda a la Cámara de Diputados y que ésta debiera rechazar sin más trámite.
Por: Luis Larraín
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