Ley de Pesca en Chile

Licitar o no licitar. La discusión sobre cómo la Ley de Pesca que aún se discute en el Congreso distribuirá las cuotas sigue siendo un escollo para el gobierno Chileno. Para el autor de esta columna, el ministro Longueira ha seguido dos vías: una correcta y otra no tanto. La primera, que aporta a la sustentabilidad de los recursos, permitiría que las cuotas anuales se definan por criterios científicos y no políticos. La segunda, en cambio, mantendría los privilegios que han hecho de la pesca un sector altamente concentrado donde unos pocos terminan siendo dueños de los recursos pesqueros del país.

Hace un par de semanas el ministro Pablo Longueira enfrentó un momento difícil en la tramitación del proyecto de Ley de Pesca que se discute en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Cuando se aprestaban a votar la idea de legislar, el ministro se dio cuenta que ésta sería rechazada debido a la mala calidad del articulado. Dilatando la votación, ofreció cambios y mejoras sustanciales al proyecto. Luego de una semana el ministro presentó a la Comisión las ideas base detrás de estos cambios, algunas de las cuales parecen ir en la dirección correcta, al menos respecto a la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

Paralelamente, hace un par de meses, Ray Hilborn, uno de los nombres más respetados mundialmente en evaluación de stocks y manejo pesquero, luego de su visita a Nueva Zelandia, señaló que si bien ese país tiene un buen manejo pesquero, exhibe un defecto importante: la determinación de las cuotas pasa por un filtro político, lo que podría dañar los recursos pesqueros. Esto fue acompañado por un artículo en el portal Seafood.com que hablaba sobre el motivo de la notable mejoría de las pesquerías en los Estados Unidos durante los últimos años, lo que se atribuye a la determinación estrictamente científica de las cuotas de pesca.

Concordando con lo anterior, los cambios al proyecto presentados por el ministro Longueira a la Comisión, buscarían la determinación de las cuotas de pesca de forma más científica y menos política. Sin embargo, es necesario esperar el articulado para ver si las buenas intenciones expresadas en las declaraciones generales se transforman en medidas y métodos que así lo demuestren. Debemos recordar que el mensaje del proyecto de ley, presentado en diciembre, también hablaba de sustentabilidad, aunque su articulado no lo reflejaba.

Pero analizando la propuesta completa del ministro, no todo apunta en la dirección correcta. Al parecer el titular de Economía no desea pisarle los callos a quienes quieren seguir manteniendo las regalías de cuotas exclusivas y sin competencia, por lo que defiende una fórmula de licitación muy magra y que nunca se podrá poner en práctica, continuando la protección de ese grupo de privilegiados. Según el ministro Longueira, él estaría siguiendo directrices de la OCDE, organismo que señalaría que la incorporación de nuevos actores a la pesca se debe hacer cuando ésta logre el rendimiento máximo sostenible (MRS); afirmación que adolece de serios errores de interpretación.

Lo que dice la OCDE –y lo que diría cualquier individuo que sepa de manejo pesquero– es que no se debe aumentar el esfuerzo de pesca (el número de barcos pescando por período de tiempo) si no se alcanza el MRS. Pero la OCDE nada dice de mantener los privilegios de un grupo particular, asignándoles a ellos y sólo a ellos, todas las cuotas de pesca de la fracción industrial. Muy por el contrario, la licitación o subasta de cuotas no es un aumento de esfuerzo, sino la vía que permite que el esfuerzo de pesca permisible y los peces que son posibles de capturar (cuotas), sean asignados vía competencia abierta y transparente a cualquier chileno. Debo destacar que tanto la competencia abierta como la transparencia, son recomendadas por la OCDE a sus países miembros.

Además, uno de los argumentos usados contra la idea de licitar o subastar las cuotas de pesca, esgrimido por quienes buscan la propiedad eterna de cuotas sin competir, ha sido que los extranjeros se apoderarán de la pesca en Chile. De hecho, es lo contrario: si no se licitan las cuotas por períodos de tiempo determinado y se asignan para siempre por cualquier concepto –título histórico, mayores influencias o “ser simpatizante de”– a los privilegiados, éstas pueden ser vendidas a extranjeros o nacionales, también para siempre, sin posibilidad de que el Estado las pueda recuperar. Ahora, si la xenofobia es el camino elegido, las cuotas –licitadas o regaladas a los privilegiados– deberían tener restricciones para que sólo puedan ser adquiridas por chilenos.

Lamentablemente, con la fórmula propuesta por el ministro en el proyecto de ley, no entrará nunca nadie nuevo, porque asigna todos los recursos pesqueros industriales a los mismos que los han sobreexplotado y lo seguirán haciendo, los que además no permitirán nunca lograr recursos sustentables y alcanzar el MRS.

Finalmente, en columnas anteriores he señalado que los países que asignaron cuotas sólo por historia están haciendo todo lo posible por recuperar la propiedad de los recursos pesqueros para el Estado. Estos países han encontrado nuevos mecanismos de asignación, como la licitación o subasta de cuotas periódicamente, lo que he llamado “el siguiente paso en asignación de derechos de pesca”. En otras palabras, revertir los problemas que trae la cartelización que se produce con la asignación directa y sin competencia. A los países que actualmente subastan las cuotas de pesca, como Nueva Zelanda, Estados Unidos e Inglaterra, ahora se ha sumado Rusia. La Agencia Federal de Pesquerías de ese país subastó cuotas de pesca la segunda semana de abril de este año, recaudando varios millones de dólares para el Estado gracias a recursos pesqueros como cangrejos y merluzas.

Es de esperar que en el Congreso prime una visión país y finalmente se logre una buena ley que permita a todos los chilenos obtener un beneficio sustentable en el tiempo de nuestros recursos pesqueros y que no cedan ante la campaña de la gran industria pesquera en contra del establecimiento de un mecanismo transparente de asignación de cuotas de los recursos pesqueros del país.