La Cámara alta aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, que impone más límites a la actividad minera en el país.
En el debate se perfilaron dos bandos en pugna, más allá de sus pertenencias partidarias, porque los bloques mayoritarios otorgaron libertad de acción. De un lado se ubicó la mayoría de los senadores de provincias mineras, que se pronunciaron por insistir con la sanción original de la Cámara alta - en setiembre del año pasado-, considerada por los ambientalistas como la más benigna para la explotación minera.
Otro conglomerado defendió la sanción de Diputados, más restrictiva para la actividad minera en la alta montaña y a cielo abierto, que pueda afectar a los glaciares y su zona de influencia. El renovador salteño Juan Pérez Alsina respaldó el texto del Senado. El de la judicialización fue el argumento principal contra la norma más restrictiva, junto a la falta de injerencia de las provincias en el control de los glaciares.
El oficialista porteño Daniel Filmus fue el abanderado del proyecto más duro a favor de los glaciares. En 2008 la presidenta Cristina Fernández vetó una ley de características similares a la que está en discusión. Y por iniciativa de Filmus la Cámara alta aprobó un nuevo proyecto que fue girado a Diputados. A comienzos de este año, comenzaron a cruzarse presiones de empresarios mineros y grupos ecologístas. Y luego de un largo debate se impuso la postura de una norma con más controles a la actividad minera, impulsada por el diputado Miguel Bonasso, en acuerdo con Filmus.
Anoche, el ex ministro de Edudación defendió la ingeniería legislativa aplicada al dictamen de minoría, que empujó el proyecto Bonasso quitándole un artículo, que impedía invertir en zonas glaciales antes de una auditaría técnica. El neuquino Horacio Lores (MPN) sostuvo que modificar una media sanción es inconstitucional. Filmus respondió que ambas cámaras lo avalaron en 1995.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina revocó las acciones cautelares que frenaban la aplicación de una ley nacional que protege los glaciares y limita la actividad minera, informaron el martes fuentes judiciales.
El máximo tribunal del país dejó sin efecto las medidas presentadas por la minera canadiense Barrick Gold y la local Exploraciones Mineras Argentinas, que suspendían la aplicación de la norma en la provincia de San Juan, precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).
En esa provincia del oeste del país, vecina a Chile, la minera canadiense lleva adelante el proyecto argentino-chileno Pascua Lama, para la extracción de oro y otros metales.
Las medidas cautelares habían sido presentadas ante la justicia federal de San Juan, que en noviembre de 2010 suspendió la aplicación de seis artículos de la ley promulgada ese mismo año.
A raíz de la resolución de la Corte, las autoridades deberán realizar un inventario de los glaciares en todo el país, tal como indica la ley.
El tribunal cuestionó el fallo del juez de San Juan Miguel Ángel Gálvez y consideró que “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio”.
Postuló que no se advierte cuáles son los “efectos irreparables” en los intereses de las firmas a los que refirió el magistrado para suspender la aplicación de la norma que “busca preservar a los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y como proveedores de agua recargar cuencas hidrográficas”, dijo.
“Los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso. (…) A la luz de los principios señalados, la medida precautoria dispuesta no aparece como un remedio proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad que se denuncia”, indicó el tribunal supremo.
La “Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”, aprobada en el 2010 tras un fuerte debate parlamentario, restringe la actividad minera en la zona de glaciares de la frontera argentina con Chile, que se extiende por unos 5,000 kilómetros.
En abril pasado, la Corte Suprema pidió al Gobierno argentino y autoridades de San Juan que informen si se han hecho estudios del impacto ambiental del proyecto Pascua Lama, que prevé iniciar la extracción de oro y plata en 2013, según estimaciones oficiales.
En el 2011, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Amigos de la Tierra y Diálogo por el Ambiente pidieron a la Corte Suprema que ordene “el cese inmediato” de Pascua Lama porque “contamina el ambiente y viola la Ley de Protección de Glaciares”.
Esas entidades solicitaron además que se disponga la inmediata suspensión de las medidas cautelares aceptadas por la justicia de San Juan.
Barrick Gold ha asegurado en reiteradas oportunidades que sus actividades de explotación no se realizan en áreas de glaciares y que sus actividades son realizadas de modo sustentable y con respeto al medio ambiente.
En 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, vetó una ley de protección de glaciares que había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento alegando que su puesta en práctica podría traer consecuencias negativas para la economía de las provincias mineras.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, aseguró en una entrevista exclusiva con CN23 que "hay que volver a la solución de fondo y no a las cautelares" luego de que el máximo tribunal dejara sin efecto la medida que destacó impedía la plena vigencia de la Ley de Glaciares.
En este orden, opinó: “La cautelar no es mala mientras se utilice en caso casos en los que es importante como por ejemplo en materia de derechos humanos”.
Dijo además que la decisión de la Corte “es muy importante” porque “el ambiente es algo que hay que cuidar pensando en las generaciones futuras”.
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