El costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos al año, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Es decir, que la economía mexicana destina a la corrupción un monto igual al 10% de su Producto Interno Bruto (PIB), el equivalente a las ventas de Pemex en 2011 o más de una vez y media los gastos asignados en 2012 a los ramos administrativos del gobierno federal, que incluyen la presidencia, todas las secretarías, las fuerzas armadas y la Procuraduría General de la República.
Según Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las empresas gastan en mordidas 10% de sus ingresos.
La corrupción genera beneficios inmediatos: evita que las operaciones de las firmas se detengan y los costos se eleven, lo que beneficia a trabajadores, proveedores y consumidores.
Sin embargo, a la larga el costo es mayor: aumentan las posibilidades de que las empresas no cumplan con las normas de seguridad, sube la incertidumbre y el riesgo de operar, y se genera una barrera de entrada a la participación de empresarios honestos, lo que disminuye la competencia y el beneficio para los consumidores.
Recientes casos de presuntas irregularidades en multinacionales con operaciones en el país, testimonios de empresarios y otros involucrados y décadas de costumbre parecen indicar que la corrupción promueve el éxito en los negocios. Pero ¿es la única manera de triunfar en México?
En abril de 2012, el diario The New York Times detalló supuestos pagos ilícitos de al menos 24 millones de dólares (mdd) que Walmart de México habría hecho entre 2002 y 2005 para destrabar trámites locales, obtener permisos y reducir tarifas de impacto ambiental en la construcción de algunas de sus tiendas.
La investigación hacía énfasis en el trabajo de los gestores que aceleraban los trámites e identificaba a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como la "fuerza motora detrás de años de soborno".
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