Lima, Peru.- En un contexto donde la crisis internacional no ha mermado las perspectivas del crecimiento económico peruano, el proceso electoral del 2010 y probablemente el del próximo año no vislumbran la misma tendencia en el plano político, por el contrario, la percepción ciudadana es “más de lo mismo” respecto a las decisiones políticas en los movimientos y partidos políticos en la selección de sus candidatos para las elecciones regionales y locales. Éstas no están transformando las conductas caudillistas ni los vientres de alquiler. Se mantiene en el imaginario popular la idea que en la vida político partidario prima el atributo del “rapaz” antes que el del “capaz” y “audaz”.
Si bien pueden ser desalentadores estos resultados lo que debemos evaluar es ¿porqué los cambios introducidos en esta década para que el desarrollo político acompañe al crecimiento económico no se ha dado?
En esta década se han introducido reformas para contar con una democracia participativa y un estado descentralizado, los mismos que han configurado un conjunto de políticas públicas dirigidos al fortalecimiento de la transparencia de la gestión pública y un marcado énfasis disuasivo del sistema político. En esta orientación, por primera vez en nuestra historia republicana tenemos una ley de partidos políticos que busca que al igual en el ámbito económico, que se cuenta con una organización económica relativamente eficiente y que explica el porque del crecimiento económico, tengamos una organización política como son los partidos políticos los que cumplan ese rol. Adicionalmente a ello, se cuenta con un marco legal e institucional para que los procesos de elección interna tiendan a elegir a representantes idóneos acorde a las necesidades de nuestras localidades, regiones y país para lo cual se ha elevado la valla electoral para incentivar las alianzas a nivel regional y la representatividad regional deje de depender del arrastre de la presidencia regional.
En este marco ¿porqué se opta por la concentración familiar y patrimonial de los movimientos y partidos políticos? Porqué los mecanismos de democracia interna no operan? ¿Es tanta la dependencia de los militantes de quiénes conducen estas organizaciones producto de patrimonios personales, intereses creados o del poder implícito en la responsabilidad de algún nivel de gobierno? ¿Por qué nuevamente tendremos un gran número de candidatos?
De otro lado, la orientación de la normatividad concerniente a la participación ciudadana esta dirigida a minimizar el riesgo de conductas rapaces de los políticos al momento de tomar decisiones de carácter público y modificar conductas de ver al Estado como botín, en ese sentido, se promueve una democracia participativa a partir de las leyes de participación y control ciudadano, transparencia y acceso a la información pública, presupuestos participativos, planes de desarrollo concertados, consejos de coordinación y el sistema de planeamiento estratégico.
Este paquete de normas muestra avances importantes, siempre susceptibles de corrección de acuerdo a la cultura democrática de cada espacio regional, sin embargo, la principal debilidad de estos cambios es que no han contemplado el fortalecimiento de las capacidades de nuestros políticos puesto que la cuota de la audacia dependerá del conocimiento y el arte de las ciencias políticas, económicas y sociales para atender las demandas ciudadanas. En este punto encontramos las causas del porque de las conductas que hemos observado en este nuevo proceso electoral regional y local.
El fortalecimiento de capacidades requiere una solución de largo aliento pues son varios los niveles que determinarán el surgimiento de estadistas antes que caudillos, asimismo, sus organizaciones también deben ser fortalecidas para que quiénes las conduzcan no se vean fuertemente tentados a perennizarse o ser capturados por intereses identificados en la implementación de políticas como la de descentralización donde uno de los riesgos de ésta es la captura de las élites locales o de quiénes conocen la estructura del estado y articulan lobbies que hacen prevalecer los intereses personales a los del interés público y donde muchas veces nuestras autoridades no detentan el poder real.
En la segunda década del siglo XXI la consolidación del proceso democrático y descentralizador dependerán de los movimientos y partidos políticos, por tanto, su responsabilidad es doble pues son éstos quienes tienen que perfeccionar el conjunto de políticas públicas diseñadas a inicios de esta década; sin embargo, ¿cuáles son aquellos mecanismos que efectivicen la democracia interna para que estén a la altura de estos desafíos? ¿Cómo los avances en la participación de la sociedad civil para una actuación más estratégica, mayor escrutinio en las decisiones públicas y demanda en la rendición de cuentas la tomamos en consideración?
En este orden de ideas, es importante contar con un arreglo institucional que proporcione a nuestros representantes las condiciones de demostrar su capacidad y audacia en que la gestión de los intereses debe ir de la mano con el desarrollo organizacional y político para hacer que nuestro Estado sea social y territorialmente equitativo. Asimismo, que la fortaleza de nuestras instituciones destierren la rapacidad como conducta influyente en la asignación de nuestros escasos recursos, para de esta manera, coincidamos con los análisis que concluyen que el “crecimiento económico es afectado en forma importante por las instituciones políticas” donde “sociedades políticamente abiertas, que se atienen al imperio de la ley, a la propiedad privada y a la asignación de recursos por el mercado, crecen a una tasa tres veces mayor, y son dos veces y media más eficientes, que las sociedad en que estas libertades están disminuidas”[1].
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[1] Mankiw, Gregory. Crecimiento económico. Capítulo 18. 2004.
Autor: Fernando Silva Abanto
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