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Ley de Consulta y el Nuevo Gravamen Minero del Perú

El martes 23 de agosto, en el Congreso de la República, finalmente se aprobó la Ley de Consulta Previa, terminando con una espera de 15 años, desde que el Perú firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT.

Como se recuerda, el 19 de mayo del año 2010 la Ley había sido aprobada, sin embargo un mes después el Ejecutivo de entonces la observó: fueron ocho las observaciones presentadas por el Ejecutivo que modificaron aspectos sustantivos de la Ley y terminaron por desnaturalizarla.
Las observaciones del gobierno aprista significaron un peligroso retroceso que afectaron aun más las relaciones entre el Estado peruano y los pueblos indígenas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú señaló en su momento su rechazo a las observaciones presentadas y esperaba que "el Congreso de la República vele por la aprobación final de una Ley de Consulta Previa que respete los derechos de los pueblos indígenas, vigentes en la Constitución del Perú y en el Convenio 169 de la OIT"[1].

Finalmente, ha sido el nuevo Congreso quien aprobó la Ley largamente esperada y que se espera pueda ayudar a recomponer la relación con los pueblos indígenas, incluyéndolos en los procesos de toma de decisión. Las organizaciones más representativas de los pueblos indígenas del país han saludado la Ley y se espera que el reglamente permita su inmediata aplicación.


Por otro lado, el gabinete en pleno se presentó el jueves 25 de agosto en el Congreso para presentar su plan de gobierno y solicitar el voto de confianza de ese poder del Estado. Una parte importante del mensaje del Presidente del Consejo de Ministros fue el esperado anuncio del acuerdo logrado con las empresas mineras sobre una nueva contribución. Como parte de las diez políticas para la gran transformación el señor Lerner anunció: que se había "conseguido con las empresas mineras dar paso al pago de un gravamen de cerca de 3,000 millones de soles por año. En cinco años, este nuevo ingreso público, a los niveles actuales de precio, alcanzará la cifra de 15 mil millones de soles. Este gravamen no afectará ni la inversión ni la competitividad de las empresas, facilitando la inversión en proyectos por 30 mil millones de soles en los próximos 5 años".

El anuncio plantea varios aspectos a tomar en cuenta para el análisis. En primer lugar, salta a la vista la comparación del nuevo gravamen con el ya fenecido aporte voluntario, más conocido como el "óbolo minero": solo durante el primer año se recaudará con el nuevo gravamen un monto superior a lo percibido durante los 5 años de vigencia del "óbolo minero". Queda claro que la falta de decisión del anterior gobierno y la búsqueda de congraciarse con las empresas mineras, ha provocado que se pierdan recursos importantes todos estos años, que hubiesen servido para financiar la lucha contra la pobreza y crear adicionalmente fondos de estabilización para las épocas de "vacas flacas". Es lamentable el tiempo perdido por una pésima decisión del gobierno aprista.

Algunas dudas sobre el nuevo gravamen están siendo aclaradas en los días siguientes al anuncio en el Congreso. En primer lugar el gravamen se aplicará de inmediato y el ministro Herrera Descalzi ha anunciado que se aplicará también a las empresas mineras con contratos de estabilidad. Otro punto a favor del acuerdo logrado

¿Los temas que generan todavía algunas discrepancias? 
El haber tomado como referencia las utilidades operativas y no gravar las ventas totales como se ha venido aplicando en el esquema de la Ley de Regalías del año 2004. La duda es si el Estado tiene la capacidad de fiscalizar con eficiencia las cuentas de las mineras y sus utilidades operativas. Todo indica que no y en realidad se necesitaría un control especial como se hace en Chile, vía la Superintendencia de Minas de Chile. Se va a necesitar mayor capacidad de fiscalización.

Por otro lado, habrá que ver si se piensa modificar la Ley de Regalías, buscando alinearla con el acuerdo logrado: ¿utilidades operativas y ya no ventas totales? Además, en el esquema acordado ¿el nuevo gravamen será deducible de la base imponible?

Como se puede apreciar todavía existen varias dudas que seguramente se irán aclarando en las próximas semanas. Las empresas han saludado el acuerdo y han señalado que ahora el gobierno deberá ayudarlas a sacar todos los proyectos que están en cartera.

Cabe señalar que si bien el acuerdo logrado es un avance, sobre todo si lo comparamos con el tristemente célebre "óbolo minero", sin embargo no debemos perder de vista que la agenda minera es más amplia que el tema económico y el de los aportes: la agenda pendiente también es social, ambiental y cultural.

Ejecutivo:

El presidente Ollanta Humala promulgó las leyes que elevan las regalías e impuestos al lucrativo sector minero del país, cumpliendo con unas de sus principales promesas de su campaña electoral.
Las tres normas modifican el sistema de pago de regalías y fijan nuevas contribuciones “especiales” para las mineras, en un profundo cambio en el sector clave para la economía de Perú, país rico en recursos naturales pero donde un tercio de la población vive en la pobreza.

Con las leyes el Gobierno de Humala persigue recaudar anualmente cerca de 2,940 millones de soles (unos 1,000 millones de dólares) adicionales.

“Es importante porque mejora cualitativamente la relación entre el Estado y el capital minero, que es el sector más importante en el país productivamente hablando”, dijo Humala en una ceremonia en el Palacio de Gobierno junto al presidente del gremio que integra a las empresas mineras privadas.
El tema, una de las propuestas que más promocionó Humala durante su campaña electoral, fue consensuado durante el Gobierno y las compañías mineras, cuyas ganancias han aumentado significativamente ante el alza de los precios de los metales.

“Esto va a permitir al Estado contar con más recursos y esos recursos van a ser empleados fundamentalmente en temas de infraestructura en las zonas más pobres del país como forma de llevar la inclusión social a tu casa”, agregó.

Durante su campaña, Humala también se comprometió a llevar a las regiones pobres los frutos del fuerte crecimiento que ha registrado la economía de Perú, que este año se expandiría cerca de un 6%.
Las normas habían sido aprobadas por mayoría en el Congreso la semana pasada, aunque con algunas modificaciones como la eliminación de un punto que inquietó a los mineros pues hubiese dado al Poder Ejecutivo la facultad de cambiar las tasas.

El sector minero de Perú -el segundo productor mundial de cobre y plata- es vital para la economía local, pues aporta cerca del 60% de los ingresos por exportaciones.
Con el nuevo esquema, la presión tributaria total sobre el sector sube a un 42.7% desde el 38.5%, lo que según empresarios mineros deja la competitividad del sector en el límite.

Perú -que en la próxima década aguarda inversiones mineras por unos 45,000 millones de dólares- compite en la atracción de estos capitales con su vecino Chile, el principal productor mundial de cobre, y con otros países como Australia y Canadá.

Bajo el nuevo esquema, las mineras que no tienen contratos de estabilidad tributaria pagarán regalías de entre un 1 y un 12% sobre sus utilidades operativas. En el actual sistema se aplican regalías de entre un 1 y un 3% a las ventas.

Asimismo, esas mineras desembolsarán un “impuesto especial” de entre un 2 y un 8.4% también sobre las utilidades operativas.

Por otro lado, las empresas que gozan de convenios de estabilidad tributaria -en su mayoría extranjeras- pagarán un “gravamen especial” con una tasa de entre un 4 y un 13.12% sobre sus utilidades operativas.

Esas compañías hasta el momento no pagaban ningun gravamen gracias a esos convenios, que firmaron hace varios años con el Estado para atraer inversiones hacia el país.

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