Los principales partidos políticos de México coinciden en que el país necesita reestructurar sus leyes laborales pero están en desacuerdo en cómo hacerlo, al tiempo que una propuesta para relajar las normas de contratación y aumentar la democracia dentro de los sindicatos amenaza con desatar una ola de descontento.
Sus defensores dicen que la reforma -que permitiría trabajar a tiempo parcial, la paga por hora y subcontratación- ayudará a México a crear el millón de puestos de trabajo nuevos que necesita cada año para los jóvenes y los migrantes que regresan de Estados Unidos. Tiene el respaldo del presidente saliente Felipe Calderón, que la presentó este mes al Congreso, y del presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Los oponentes a la propuesta dicen que los bajos salarios que paga México en varias ramas ya hacen su trabajo más atractivo que países con ingresos cada vez mayores, como China, y que lo último que necesitan los trabajadores mexicanos es una reforma que recorte los magros beneficios y seguridad laboral que tienen ahora.
"Para nosotros es necesaria una reforma que permita incrementar la productividad en el trabajo, sí, pero no a costa de los derechos de los trabajadores, ni presentes ni futuros", afirmó Jesús Zambrano, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual ha prometido oponerse a la propuesta de ley, en las calles si es necesario.
El problema es urgente: es probable que la tasa de desempleo del país, de 5,4%, sea una subestimación enorme, dada la ausencia de un seguro de desempleo y el hecho de que los trabajadores desocupados rápidamente buscan ingresos en el vasto ejército no registrado de vendedores ambulantes y jornaleros. Las autoridades han admitido además que el desempleo es una de las razones por las que tantos jóvenes se sienten atraídos a los violentos cárteles de la droga.
Bajo las leyes laborales de México, vigentes desde la década de 1970, los trabajadores ganan muy poco -incluso 60 pesos (5 dólares) por día-, pero aun así deben pagarle cuotas a sindicatos proempresariales "de papel" que nunca ven. Alrededor de una quinta parte de los trabajadores asalariados en México están sindicalizados.
Los jefes, mientras tanto, se quejan de que están obligados a otorgar paquetes costosos de despido y prestaciones, y someterse a reglas estrictas de trabajo y antigüedad, lo que les dificulta crear nuevos puestos.
A ello se suma un largo y arcano proceso de resolución de disputas que puede almacenar casos de pagos atrasados o por despido hasta por varias décadas.
Los expertos dicen que relajar las reglas de trabajo y antigüedad para que los empleados puedan realizar tareas diferentes y ser promovidos con base en su capacidad, redundaría en más productividad.
En agosto, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Angel Gurría, dijo que la reforma laboral, así como la reforma fiscal y otros cambios, podrían impulsar el crecimiento del PIB de México en 1 punto porcentual por año.
Todo el mundo, incluso Zambrano, está de acuerdo en que la propuesta tiene cosas buenas, como el voto secreto y las auditorías externas a sindicatos que son notoriamente corruptos y autocráticos.
No obstante, dadas las extrañas alianzas que prevalecen en la política mexicana, muchos temen que la nueva propuesta más bien reducirá la democracia en los sindicatos.
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