A la espera del fallo resolutivo de la Corte Suprema por la aplicación de medidas de antidumping contra el maíz partido y sus derivados proveniente desde Argentina, están los productores nacionales que solicitaron la medida.
Alegan falta de apoyo institucional y la inexistencia de una estrategia que garantice la productividad y rentabilidad en el campo para la presente temporada.
Tras la determinación de aplicar una salvaguardia provisoria de 10,8% al maíz partido y sus derivados, emitida por la comisión antidistorsión de precios, los agricultores presentaron un requerimiento ante la justicia para revertir esta situación y establecer medidas antidumping para el producto. Afirman que pese a la salvaguardia, la posibilidad de competir en igualdad de condiciones versus el producto argentino se ve amenazada.
“Es muy lamentable esta situación. Mientras tengamos esta distorsión que viene desde Argentina y que perjudica al mercado chileno, no se incentiva la producción de maíz, ni las inversiones para hacer derivados del maíz, ni la inversión en más plantas de acopio y de secado y, por último, no se incentiva la producción de carne de ave ni de cerdo en el país“, sentenció Dario Polloni, gerente general de Copeval y presidente del comité del grano de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Tal como señala, el actual sistema es injusto y debe ser corregido mediante una legislación que garantice la competitividad a largo en el país.
Una visión similar tiene el presidente de la Federación de Agricultores del Maule Sur, Ferenc Massow quien señaló que la situación se ha tornado cada vez más crítica, especialmente ad portas de la nueva temporada. “Hemos llegamos incluso a tener maíz acumulado, y el llegar a la próxima temporada con maíz de la temporada anterior es catastrófico para los precios; si a esto se suma el ingreso del grano partido y mezclas desde Argentina, donde ni siquiera se respeta el monto en aduana de las salvaguardias, deja a la industria en una situación muy complicada. Hay empresas que tienen los silos llenos como Copeval y Coagra, y eso nunca antes se había dado”.
Para los representantes del agro, esta situación se revierte reformando el actual sistema antidistorsiones. “Esto va más allá del gobierno, tenemos un mal sistema que no es operativo y que no da tranquilidad a los empresarios chilenos ante estos abusos”, enfatiza Polloni.
Más agresivo se muestra Massow, quien emplaza al presidente Sebastián Piñera a cumplir con el primer punto de los 25 compromisos que adquirió con la agricultura en Chillan al comienzo de su campaña. “El presidente se comprometió a modernizar la comisión antidistorsiones para que actúe cuando cualquier gremio, por más chico que este sea, solicite investigar alguna distorsión en el mercado”.
Posibles movilizaciones
Dada la urgencia de los agricultores y productores de maíz, y más allá de la solución por la vía de Corte Suprema, hay quienes apuntan a “negociar” con la comisión antidistorsiones para avanzar en nuevas medidas que permitan garantizar una temporada rentable para los productores chilenos. De no ser así, explica Massow, los agricultores se verán en la obligación de realizar manifestaciones.
“Esto tiene que estar resuelto antes de que empiece la nueva temporada, nuestra gente no va a esperar a que se ratifique o rechace la resolución de la comisión antidistorsiones. En noviembre nuestra gente se empieza a movilizar. Si es que la Corte Suprema no resuelve, nos veremos en la obligación de tomarnos las carreteras”, sentencia.
Comentarios
Publicar un comentario