La cuarta entidad financiera de España y la más expuesta al maltrecho sector del ladrillo será controlada directamente por el Estado, que será el accionista hegemónico de Banco Financiero y de Ahorro. "El Gobierno aportará el capital que sea estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos", aseguraba Economía en un comunicado emitido esta noche.
La matriz de Bankia ha sido esta semana protagonista de la actualidad económica con el relevo forzado de Rodrigo Rato primero y la 'llamada de auxilio' de su nuevo presidente -José Ignacio Goirigolzarri- después. Bankia se ha convertido de esta forma en la octava entidad en la que ha tenido que participar el Gobierno desde el inicio de la crisis.
La primera acción del nuevo consejo de Administración ha sido proponer que el Estado nacionalice esta entidad. Poco después, el Ministerio de Economía y Competitividad confirmaba que nacionalizará el 100% del Banco Financiero y de Ahorros, con lo que será el principal accionista de Bankia.
Según la nota del departamento de Guindos, "impulsará" el proceso de conversión de la deuda de las acciones del banco "ya que se considera improbable, a la vista de la situación de la entidad y de su grupo, que la recompra de las participaciones preferentes pueda llevarse a cabo dentro del plazo de 5 años".
El largo proceso de intervención de entidades financieras tuvo su primera 'víctima' el 29 de marzo de 2009, cuando Caja Castilla La Mancha (CCM) se convirtió en la primera caja nacionalizada desde que el Banco de España tomara el control de Banesto en 1993. Entonces la entidad estaba controlada por Mario Conde y su punto débil fue la alta exposición al 'ladrillo' y la alta morosidad.
El Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas inyectó 2.475 millones de euros de capital y 596 millones de euros para créditos fallidos, así como una inyección de 3.000 millones de euros. Posteriormente, la entidad fue absorbida por Cajastur.
Entre 7.000 y 10.000 millones
En el caso de Bankia, una entidad financiera fruto de la fusión de siete cajas de ahorro (con Caja Madrid a la cabeza) es la pieza clave para el saneamiento del sistema financiero español, las cifras que se barajan para este rescate oscilan entre los 7.000 y los 10.000 millones.
En el momento de la caída de CCM aún no existía el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya constitución sería aprobada por el Parlamento el 8 de junio de 2009 para respaldar los procesos de integración voluntario entre las entidades financieras.
El 21 de mayo de 2010, el Banco de España tuvo que volver intervenir ante la situación al borde de la bancarrota de Cajasur, la caja cordobesa controlada por la Iglesia, que tras rechazar su fusión con Unicaja se quedaba en una situación inviable.
El ya constituido fondo de rescate inyectó 800 millones a la caja andaluza y posteriormente BBK recibió una ayuda de 392 millones de euros para quedarse con la entidad.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se convirtió en julio de 2011 en la tercera caja intervenida por el Estado, con una inyección de 2.800 millones de capital y 3.000 millones más de liquidez. En septiembre, el Banco de España se vio incluso obligado a despedir de forma fulminante a la directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós, por falsear las cuentas.
En la subasta de la entidad, el Banco Sabadell quedó como único postor y absorbió la CAM en diciembre de 2011 con unas ayudas iniciales de 5.259 millones de euros, además de una protección por las pérdidas no cubiertas que puede ascender a 1.200 millones de euros.
Además, CatalunyaCaixa pasó a manos del FROB el 30 de septiembre de 2011 al hacerse el fondo de rescate con el 90% de su capital al inyectar 1.719 millones de euros y actualmente se encuentra en proceso de subasta.
Igualmente, Unnim requirió la intervención del FROB, que adquirió el 100% de la entidad catalana fruto de la fusión de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu. La entidad fue adjudicada en marzo de este año a BBVA por el precio simbólico de un euro y con ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones del sector bancario, por importe de 953 millones de euros.
En septiembre también, el FROB se hizo con el 93% del capital de Novacaixagalicia, al que inyectó 2.465 millones de euros. Esta entidad se plantea actualmente dos posibles salidas: la subasta o el concurso público para parte del capital de la entidad, con el fin de dar entrada a varios fondos de inversión anglosajones con los que ha negociado. Esta última es la opción por la que apuesta Novagalicia, que necesita, para ello, que se le conceda un esquema de protección de activos (EPA), puesto que lo exigen los potenciales inversores.
La penúltima intervención por parte del Banco de España tuvo lugar a finales de noviembre del año pasado, cuando el organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez decidió destinar 3.000 millones de euros de dinero público a sanear Banco de Valencia, 1.000 millones para fortalecer su capital y 2.000 millones de línea de crédito para asegurar su liquidez.
El peso del Banco de Valencia, que estaba controlada por Bancaja, en el sistema bancario español era del 0,74% del total de los activos, según los datos que maneja el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Fusiones
¿Quién marcó la hoja de ruta de BFA-Bankia?. Desde el Banco de España se impulsaron las fusiones, pero nadie determinó la identidad de los 'contrayentes'. Por eso se acusa a la institución de que, si bien en otras ocasiones puso objeciones claras, dio por bueno el matrimonio de Caja Madrid y Bancaja, instituciones con arraigo en dos comunidades bajo control del PP. También le empujó indirectamente a salir a Bolsa, porque el marco regulador rebajaba las exigencias de capital para las entidades cotizadas.
Dejando atrás las responsabilidades políticas, al nuevo presidente ejecutivo, José Ignacio Goirigolzarri, le toca ahora sacar adelante una entidad en serias dificultades. Convertidas las ayudas del FROB en capital -lo que, de propina, le ahorra la friolera de 360 millones anuales de pago de intereses- tiene que afrontar los 3.400 millones de provisiones y reforzamiento de capital que le impone la reforma financiera. La entidad ya se apuntó 4.000 millones de saneamiento contra reservas de fusión y, pese a ello, la auditoría de Deloitte detectó un desfase patrimonial de 3.500 millones al que debe hacer frente.
Por no mencionar el impacto de las nuevas exigencias que el Gobierno se apresta a imponer a la banca. El volumen de crédito inmobiliario de Bankia asciende a 37.517 millones de euros. Se da la paradoja de que, puesto que el grueso de esa cifra se ha considerado activo tóxico -créditos morosos, promociones a medio construir, viviendas y suelo adjudicados por impagos-, el apretón que ahora quiere aplicar el Gobierno a los activos sanos le afecta en bastante menor medida que al promedio del sector. Con datos del cierre de 2011, Bankia tenía 10.564 millones de euros en morosos del ladrillo, más otros 7.283 millones de crédito al corriente de pago, pero en claro riesgo de dejar de cumplir. La refinanciación ascendía a 9.920 millones de euros.
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